La Estafa de Río Tinto Alcán

Prólogo

PODER DE FACTO Y SOCIEDADES TRANSNACIONALES

El libro en coautoría de Ricardo Canese con Mercedes Canese, cono- cedores y expertos en el tema energético, con un nivel científico ya reco- nocido, profundamente comprometidos con la democracia y con la sobe- ranía, es un aporte cualitativo a la sociedad paraguaya y a las sociedades democráticas de la región.

El libro es, sin duda alguna, un aporte a la democracia, a la transpa- rencia. Una oda a la soberanía, un poema al legítimo derecho que tienen todos los paraguayos de participar, de ser consultados directamente para un hecho tan trascendente como lo es la probable presencia de RTA en terri- torio nacional.

Permítanme los autores una breve reflexión sobre la acción de las sociedades transnacionales y ubicar la acción particular de RTA en el con- texto del proceso de integración regional y subregional.

El tema de Río Tinto ALCAN, su presencia en el Paraguay, para explotar un recurso estratégico duramente reconquistado por el pueblo, pone en el centro del debate la acción de las sociedades transnacionales.

Es un tema, que como el Golpe de Estado en el Paraguay, perpetrado el 22 de junio contra el legítimo gobierno de Fernando Lugo, trasciende la frontera paraguaya.

La probabilidad de que esta firma transnacional se instale en el país, ya es una voz de alarma porque se da en el contexto de “negociaciones” secretas, con un gobierno de facto, resultado de un Golpe de Estado en donde la ciudadanía es totalmente marginada y excluida.

Los responsables políticos de estos actos, niegan, bajo un supuesto argumento tecnicista de “confidencialidad”, el acceso de la ciudadanía a los documentos básicos. La confidencialidad no se aplica cuando están en juego la soberanía energética y la autodeterminación del pueblo paraguayo.  Es una cuestión de Estado, es una cuestión de democracia.

La conducta de RTA consistente en eludir y evitar los debates democrá- ticos, los debates públicos, acentúa el profundo y abismal déficit demo- crático y la falta de una transparencia substancial que riñen con los valores democrá-ticos y con el derecho del pueblo de acceder a toda la información. Da, efectiva-mente la impresión que RTA se encuentra, con el concurso del poder político en plaza, sobre las leyes de la República, sobre la ciudadanía,

Este hecho es suficientemente remarcado en el libro, tomando como referencia las audiencias públicas realizadas en el marco del debate demo- crático que merece el tema.

CRÍMENES INTERNACIONALES Y SOCIEDADES TRANSNACIONALES (STN)

La práctica mundial de las STN, sugiere que estas firmas se sienten más cómodas con gobiernos dictatoriales, con gobiernos ilícitos.

Esta asociación les permitiría actuar con “libertad”, depredar los re- cursos estratégicos y gozar de la protección que les puede brindar la impunidad. Asociarse con un gobierno de facto permite, en efecto, huir de todo debate democrático, “negociar” a espaldas de los intereses del pueblo y evitar todo cuestionamiento.

Desde esta perspectiva, la presencia de RÍO TINTO ALCAN (RTA), va más allá de la frontera paraguaya para insertarse, como elemento polí- tico —RTA es sindicado como uno de los partícipes en el Golpe de Estado contra la democracia en el Paraguay.

La acción de la instalación de RTA en el Paraguay es ante todo, no un hecho económico-técnico de “inversión”, sino un hecho político-económico- estratégico trascendental, estrechamente ligado con el proceso de integra- ción regional cuyo objetivo último es la recuperación de la soberanía, el ejercicio pleno de la autodeterminación, el control y la explotación sustentable de los recursos naturales y energéticos.

Los autores señalan acertadamente que “lo que se está por concretar, entonces, es la creación de un enclave del aluminio, que pretende llevar nuestra valiosísima energía hidroeléctrica terriblemente subsidiada en for- ma de lingotes de aluminio. Un enclave que hará palidecer a los anteriores enclaves —de la yerba y la madera, así como de la carne y del tanino— que ha sufrido el Paraguay desde fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y que pusieron y quitaron presidentes, conduciendo al Paraguay a una situa- ción de extremo subdesarrollo”.

Las STN, como RIO TINTO ALCAN, señaladas por defensores de De- rechos Humanos por sus prácticas ilícitas, constituyen, prima facie, la an- títesis de la democracia y del desarrollo. Este es el verdadero valor que aporta a la reflexión y al debate democrático este libro en coautoría.

Con sólo el 3,7% de la mano de obra total (en empleo directo) en el mundo, las STN controlan y orientan el núcleo de la producción, amasando capitales colosales1.

El volumen de negocio de las sociedades transnacionales más grandes equivale o supera el Producto Interior Bruto (PIB) de numerosos países, y el de una media docena de ellas es superior al PIB de los 100 países más po- bres juntos. A pesar de estos resultados, las STN han sido elevadas al rango de “agentes privilegiados del desarrollo” por los promotores de la mundia- lización neoliberal, en su expresión más antidemocrática y autoritaria2.

En la región americana es bien conocido el catastrófico período de entrega de la soberanía, de remate de bienes públicos, de los negociados provenientes de la privatización de sectores estratégicos, de transforma- ción del Estado en garante de intereses privados, de entrega de la so- beranía jurisdiccional a tribunales extranjeros. Y esencialmente, las ca- tástrofes sociales y políticas que produjo el neoliberalismo con la acción de las sociedades transnacionales, yendo hasta la quasi quiebra del Esta- do Argentino, en el 2001.

Quiero traer a colación la reveladora declaración del ex Secretario de Estado norteamericano —ministro de Relaciones Exteriores— Sr. Colin Powell, res- pecto  al  proyecto  político  continental  estadounidense,  ALCA  y  las  STN.

“Nuestro objetivo es garantizar a las empresas norteamericanas, por medio del Tratado de Libre Comercio en las Américas, el control de un te- rritorio que se extiende del polo ártico al antártico, y asegurar un libre acceso, sin obstáculos o dificultades, a nuestros productos, servicios, tecnologías y capital, a la totalidad del hemisferio”3.

Con una arrogancia indescriptible, con el sentimiento de sentirse sobre y fuera de la ley que sólo la impunidad puede garantizar, el Presidente del grupo industrial helvético-sueco Asea Brown Boveri (ABB), declaró:

1. Ver Subcomisión de empresas multinacionales de la OIT, GB.294/MNE/1/1 y http://laborsta.ilo.org.

2. Malik Özden, Situación actual y desafíos de los debates de la ONU en torno a las «Normas sobre las

responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos», CETIM, Ginebra, 2007, p. 2.

3. Cf., Alternatives Sud titulado Le pouvoir des transnationales, publicado por el Centro tricontinental (CETRI)

en Louvain-la-Neuve, Bélgica, 2002.

Ni soberanía, ni respeto de los derechos sociales y laborales, ni respeto al medio ambiente, ni respeto de las reglas del derecho penal internacional, ni respeto de los derechos humanos, ni respeto a la autodeterminación, ni respeto a la democracia, forman parte de la agenda de este tipo de sociedad transnacional.

Uno de los ejes de acción de estas sociedades, es la explotación y sobre explotación de los recursos naturales estratégicos que se encuentran fuera del territorio de los países desarrollados, aprovechándose económica y políticamente del subdesarrollo y de las debilidades estructurales y déficit democrático de los Estados menos desarrollados.

RTA, no es la excepción: su sola presencia ya constituye un riesgo para la institucionalidad democrática y para el ejercicio de los derechos democráticos, para el medio ambiente, para el recurso estratégico más importante que tiene el Paraguay, un riesgo para las aguas del río Paraná y su ecosistema interior.

Su probable presencia es sinónimo de alto riesgo de sobreexplotación del recurso energético proveniente de Itaipú.

Es importante resaltar el hecho de que RTA no contribuyó en nada, ni en la construcción, ni en la puesta en marcha, ni en la financiación y construcción de líneas de transmisión, ni para la construcción de la línea de 500 kV.

Todo fue hecho con dinero público. Este es un punto esencial del debate y el punto político más álgido. El costo que significó Itaipú para el pueblo, los altos riesgos de destrucción del medio ambiente, todas las externalidades, el uso de la energía que sería equivalente a la parte paraguaya YACYRETA, el valor del ecosistema, los riesgos de contaminación de la napa freática, al- tísimos riesgos de contaminación del acuífero guaraní, el uso intensivo del agua, deben ser incluidos, necesariamente, en los costos de explotación. Ese es el precio real de la energía que RTA quiere hoy usar y agotar, sin haber aportado nada: invalorable.

El tema no es económico. No es un tema técnico ni de técnicos ni de es- pecialistas como se pretende presentar en forma demagógica a la ciudadanía. Es un asunto de Estado, un tema esencialmente político, de modelo de desa- rrollo, de paradigmas políticos, de paradigmas societales, de democracia.

4. Extraído de Malik Özden, Mesa Redonda de los Industriales Europeos, Op cit., p. 3.

Y a propósito de la asociación con el régimen criminal indonesino o indonesio de Suharto y la acción de RTA. Con la firma Freeport Memoran explotaron la mayor mina de oro del mundo y la tercera mayor mina de cobre que en ese momento se encontraba bajo la jurisdicción de Indonesia.

Como consecuencia de actos ilícitos permanentes, de violaciones ma- sivas de los derechos de los pueblos autóctonos, de gravísimas y casi irre- versibles actos de destrucción generalizada del medio ambiente, se intentaron juicios en Nueva Orleans, bajo la ley conocida como ATCA, contra Freeport Memoran en el que RTA tiene participación directa actuando bajo la denominación de Río Tinto Zinc.

La demanda hecha por actividades ilícitas, fue interpuesta en 1996 por miembros del pueblo autóctono Amungme (Papúa Occidental- Irian Jaya).

Grandes cantidades de relaves y escorias han sido vertidos a los ríos de esta región con daños ambientales y abusos constantes y permanentes con- tra los Derechos Humanos, con innumerables asesinatos a cargo de los mili- tares y policías de la dictadura militar indonesina o indonesia.

Actualmente este juicio está en plena reactivación y no habla precisa- mente de valores éticos, democráticos, de transparencia por parte de RTA.

Pero ya es tarde, muy tarde. El daño irreversible ya se produjo, los ase- sinatos ya son irreversibles y los asesinados no resucitarán. Que se sepa, ningún dirigente de RTA y otros responsables han sido juzgados y con- denados por estos hechos gravísimos. Es el reino de la IMPUNIDAD.

Es esta sociedad, demandada por graves violaciones del derecho y de valores de la civilización humana, la que quiere instalarse en el Paraguay. Todo un tema de reflexión y alarma para el pueblo democrático paraguayo. Y qué pertinencia y actualidad que posee el libro.

Los actos mencionados constituirían crímenes de lesa humanidad y actos criminales similares, tan aborrecibles como los que protagonizó TOTAL FINA en la ex BIRMANIA, hoy Burma, asociándose a la dictadura militar en plaza.

Poder. Aquí está el punto central de la acción de las STN. Poder con- trapuesto a la soberanía y a la democracia, poder contrapuesto al ejercicio de los derechos democráticos, porque son grupos de facto que se sienten cómodos fuera del marco democrático de control ciudadano, fuera de todo control normativo, negándose en forma sistemática someterse al control de la soberanía popular y a todo debate público democrático.

El respeto a la institucionalidad democrática de los Estados, el respeto al ejercicio de los derechos democráticos de los ciudadanos, el respeto de los Derechos Humanos, el respeto de los derechos laborales, el respeto a la autodeterminación, el sometimiento a las leyes del Estado que acoge la inversión, el respeto al medio ambiente, es la excepción.

La regla: corrupción, destrucción del medio ambiente y violación de los Derechos Humanos por doquier, y la impunidad. Las acciones de TOTAL FINA en Burma, de la SHELL en Nigeria, de la COCA COLA en Colombia, la práctica dolosa de NESTLÉ, son algunos de los ejemplos más conocidos a nivel mundial con su cohorte de  irresponsabilidad y destrucción del me- dio ambiente.

Malik Özden, en su obra ya citada, señala graves violaciones por parte de las STN que van desde:

– los daños causados al medio ambiente;

– el trabajo infantil;

– la criminalidad financiera;

– las condiciones laborales inhumanas;

– la ignorancia de los derechos laborales y sindicales;

– los atentados a los derechos de los trabajadores y los asesinatos

de dirigentes sindicales;

– la corrupción y la financiación ilegal de partidos políticos;

– el trabajo forzado;

– la negación de los derechos de los pueblos;

– el desvío de las funciones legales de los Estados;

– el no respeto del principio de precaución,

– hasta las negligencias graves que han dado lugar a la muerte de miles de Personas5

5. Op cit., p. 5.

Aquí se encuentra la cuestión de fondo que se plantea con la preten- sión de RTA de explotar el recurso energético más valioso que tiene el Estado paraguayo: la energía de Itaipú.

Es clave no olvidar que RTA no contribuyó absolutamente en nada para Itaipú. Fue y sigue siendo el dinero público. Es importante insistir sobre el he- cho de que RTA es demandada por hechos gravísimos de violación del derecho internacional, de violación de los derechos de los pueblos, por violación del derecho penal internacional como lo son los crímenes de lesa humanidad.

El pueblo paraguayo se encuentra confrontado con la reorganización misma del Estado. Un modelo de Estado, una reorganización que ha ter- minado en el más rotundo fracaso en toda la región.

Es el  modelo de Estado y de “democracia” que fracasó por la profun- da crisis de legitimidad democrática y de déficit estructural del ejercicio de los derechos democráticos de la ciudadanía. Este modelo fue sinónimo de masacres —la masacre de Caracas de 1989 para garantizar la privatización del petróleo y los recortes sociales— sinónimo de erosión substancial de los derechos democráticos y apropiación, en medio de una corrupción ge- neralizada, de los recursos naturales y estratégicos por sociedades privadas.

Todo ello, fue el resultado de la imposición de los programas de ajuste estructural por parte del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con el beneplácito de las élites locales.

En las “negociaciones” secretas, que son la negación misma de some- timiento a la ley y a los valores democráticos, RTA goza del apoyo de la ínfi- ma, pero poderosa fuerza de facto, de la élite de poder nacional.

No resulta por ello sorprendente que el gobierno de facto y sus persone- ros, se hayan apresurado a cerrar el “negocio” de “inversión” con esta firma transnacional que, vale la pena repetirlo las veces que sea necesaria, es acusada ante tribunales extranjeros de haber cometido y/o participado di- rectamente o en complicidad con un régimen criminal, en las más atro- ces violaciones de los Derechos Humanos.

El libro en sí es un aporte substancial. Es un aporte de calidad para un debate democrático que, ojalá, la ciudadanía conquiste como un espacio propio, como un espacio legítimo de debates sobre este verdadero paradigma societal, paradigma de Estado, paradigma de valores democráticos. Paradig- ma entre desarrollo y subdesarrollo, entre soberanía sobre los recursos energéticos o enclave.

La probable presencia de RTA, es abordada desde la perspectiva de uno de los valores republicanos más supremos: la democracia participativa.

Dr. Hugo Ruiz Díaz Ex Ministro Asesor de Relaciones Internacionales de la Presidencia de la República bajo el Gobierno

Constitucional de Fernando Lugo Méndez

Pocos temas han acaparado tanto la atención de la opinión pública en el Paraguay como la propuesta de Río Tinto Alcan (RTA) de instalar una planta fundidora de aluminio. En los últimos meses del Gobierno de Fernando Lugo se llevaron a cabo dos audiencias públicas al respecto (19 de diciembre 2011 y 01 de junio de 2012), en las cuales la opinión de los asistentes fue mayoritariamente crítica a la instalación de la transnacional. RTA se negó a participar en tales audiencias.

A RTA se la sindica como una de las impulsoras del Golpe de Estado que derribó al gobierno constitucional de Fernando Lugo el 22 de junio de 2012, apenas unas tres semanas después de la segunda audiencia pública sobre la eventual instalación de la fundidora de aluminio. No faltan evidencias al respecto. En su discurso inaugural, el golpista Federico Franco anunció que se radicaría la inversión de RTA sí o sí y en menos de un mes, desde que inició su mandato, refrendó el decreto que abría las negociaciones con RTA, lo que el gobierno de Fernando Lugo no hizo en tres (3) años, pese a la insistencia y fuerte presión de la trans-nacional. A menos de 90 (noventa) días de haber asumido en forma espuria la Presidencia, Franco contrató a Jeffrey Sachs, un caracterizado “lobbista” de transnacionales, con lo cual se va cerrando el círculo para concretar el peor negociado que tenga memoria el Paraguay, desde el remate de las tierras públicas luego de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870).

La posible inversión de RTA ha despertado justificados temores de que se cree un “Estado dentro de un Estado”, pues consumirá tanta energía eléctrica como la que hoy consume todo el Paraguay. El nivel de subsidio que se calcula que RTA exige para instalarse, multiplicaría la deuda ex- terna paraguaya por 7 (siete) en un plazo de 20 años —una verdadera barbaridad— y atrasaría al país en un 3%/año en su producto interno bruto (PIB). Es decir, el Paraguay tendría que crecer a la misma tasa (de

3%/año) apenas para quedar estancado (crecimiento 0%) —lo que im- plicaría un empobrecimiento generalizado, o sea, un crecimiento per cápita negativo igual a la tasa de crecimiento de la población. Aún si se registrara una buena tasa de crecimiento económico (5%/año, por ejemplo), el crecimiento real del Paraguay, con RTA, quedaría reducido a una ínfima tasa de apenas 2%/año, que equivale a una tasa de crecimiento per cápita nula. O sea, con RTA el Paraguay corre el riesgo de quedar irre- mediablemente estancado.

Si por desgracia llegara a instalarse RTA en el Paraguay, los privilegios que obtenga de un gobierno golpista e irresponsable como el de Federico Franco —o de otro posterior con similares características— serán muy difí- ciles de revertir, pues existen convenios de protección a las inversiones extranjeras que RTA hará prevalecer en los tribunales internacionales (París, Nueva York), donde el Paraguay tiene perdida la batalla antes de iniciarla, aún si tuviera toda la razón, como lo demuestra el caso Gramont Berres.

Lo que se está por concretar, entonces, es la creación de un enclave del aluminio que pretende llevar nuestra valiosísima energía hidroeléctrica te- rriblemente subsidiada en forma de lingotes de aluminio. Un enclave que hará palidecer a los anteriores enclaves —de la yerba y la madera, así como de la carne y del tanino— que ha sufrido el Paraguay desde fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y que pusieron y quitaron presidentes, condu- ciendo al Paraguay a una situación de extremo subdesarrollo.

Aquellos enclaves —tremendamente perjudiciales— al menos se basaban en condiciones objetivas de competitividad en la producción de la materia prima, que era nacional (bosques, yerbales, quebrachales, ganado), y su ela- boración en el país (rollos y luego madera aserrada, yerba elaborada, tanino, carne y cuero). En el caso de la planta de aluminio que propone RTA, en el Pa- raguay no hay materia prima (bauxita), no hay insumos (coque, brea, com- bustibles, fluoruro de sodio-aluminio), no hay tecnología —y la tecnología de RTA es mucho más cara que la más empleada, la china — no hay mercado y, para colmo de todos estos males, el Paraguay es un país mediterráneo, debido a lo cual los sobrecostos de importación y exportación son enormes. Ello deter- mina que la situación de déficit estructural sea irreversible.

¿Qué lógica tiene instalar una planta de aluminio donde no existe nin- guna condición favorable, salvo la energía hidroeléctrica? Es la lógica del des- pojo de la principal riqueza natural que posee el Paraguay, su renovable energía hidroeléctrica, de la mayor calidad en el mundo, y que para que la planta de aluminio sea factible deberá mal venderse —subsidiarse fuertemente— pues de otra forma no se podrán equilibrar los mucho mayores costos en materia prima, insumos, tecnología y mercado, en relación a otras plantas de aluminio del mundo —con las que se deberá competir— que poseen condiciones más favorables en todos o al menos la mayoría de los factores citados y que, por lo tanto, pueden pagar mejor por la energía eléctrica a igual competitividad.

La propuesta de RTA trasluce la voluntad de una poderosa transna- cional —y del Imperio— de apropiarse de las fuentes de energía en la forma más eficaz posible, llevándose nuestra hidroelectricidad empaquetada en forma de lingotes de aluminio para que, una vez en la metrópolis, se le dé valor agregado a tales lingotes de aluminio en plantas fabriles de propiedad de transnacionales, y así engrosar sus ganancias y la de los países desa- rrollados. Es la misma lógica que explica por qué hay guerra en Irak desde el 2003, o por qué Venezuela está siempre en el “ojo de la tormenta”, habida cuenta de que tiene la mayor reserva de petróleo de América Latina y la mayor reserva de petróleo no convencional del mundo, apenas por citar dos ejemplos.

La codicia que desangra a otros países, ahora también se cierne sobre el Paraguay, porque contamos con una reserva energética inagotable, cada vez más valiosa, de la que RTA quiere apropiarse a precio regalado debido a que aún no está enteramente utilizada, pero sí disponible y con inversión ya hundida, de bajísimo costo de producción.

La misma institucionalidad de la República está en juego. Un podero- sísimo enclave, cuya rentabilidad depende de la firma del Presidente de la República para tener, vía decreto, una tarifa eléctrica subsidiada que le permita disfrutar de fabulosos beneficios, será un elemento de desestabilización de las instituciones democráticas del país, como ha ocurrido en el pasado y presente en el Paraguay y en países similares, asolados por empresas expoliadoras de gran porte. Es absurdo, por ello, dejar que una sola empresa acapare significativos factores de producción del Paraguay y en particular nuestra valiosísima energía hidroeléctrica, sin que exista ningún beneficio concreto para el país.

¿Existen otros usos más convenientes que una planta fundidora de aluminio? Por supuesto que sí, como se demuestra en este estudio. Incluso son más convenientes otras industrias electrointensivas (como las del tita- nio, silicio), que tienen ventajas sobre una planta de aluminio porque existe materia prima en el Paraguay. Un uso más conveniente aún es el transporte eléctrico. Igualmente, el uso de la energía eléctrica en la industria empleo intensiva es también mucho más conveniente que en la planta de aluminio que propone RTA. Como se verá, la industria empleo intensiva crea más de

1.000 veces (100.000%) más empleo que RTA, a igual uso de energía.

drido carbónico y fluorocarbonos, que contaminan y contribuyen al ca-

lentamiento planetario global, restando posibilidades a que el país pueda

tener ingresos genuinos gracias a certificados de reducción de emisiones

(CRE) de gases de efecto invernadero (GEI). También están las emisiones

de anhídrido sulfuroso, que volverá al suelo en forma de perniciosa “lluvia

ácida”,  muy  perjudicial  para  los  ecosistemas,  el  acuífero  Guaraní  y  la

agricultura. Los fluorocarbonos, además, son muy perjudiciales a la salud.

Todos estos impactos ambientales negativos se dan en un contexto en que la

planta de aluminio traerá perjuicios netos al Paraguay (decrecimiento del

3%/año del PIB en promedio en los primeros 20 años de su operación). Nos

atrasará económicamente y nos contaminará. ¿Quién es el irresponsable

que quiere que algo así suceda?

Los “lobbistas” de RTA no se preocupan en contestar estos hechos obje- tivos, pues defienden sus intereses, no importa cuánto empobrecerán al pueblo paraguayo ni cuánto medio ambiente destruirán. Y muchos de esos “lobbistas” son altos funcionarios del gobierno golpista, comenzando por el mismísimo Presidente espurio, Federico Franco, su ministro de Industria y Comercio, Francisco Rivas, y el Viceministro de Comercio, Diego Zavala. Es decir, como pueblo paraguayo pagamos el sueldo de quienes quieren saquear la principal riqueza natural del país, la inagotable energía hidro- eléctrica de Itaipú y de Yacyretá. Una verdadera aberración.

¿Qué podemos hacer para impedir el despojo que se viene? En nuestra opinión, mucho. El objetivo de este libro es, justamente, dar información, argumentos y elementos de juicio ciertos, de tal forma a crear conciencia en relación a la inconveniencia de la inversión de RTA en el Paraguay.

Una vez que el pueblo paraguayo tenga conciencia de la gravedad de la situación se podrá pasar a las siguientes etapas de organización y moviliza- ción, que es lo único que podrá parar la creación de este poderoso enclave que atentará, en todo sentido, contra la soberanía, la institucionalidad y los intereses del pueblo paraguayo.

Si en algo puede contribuir este libro a la creación de tal conciencia pú- blica, mucho nos sentiremos satisfechos y, definitivamente, habrá valido el esfuerzo de reunir información, estudiar la cuestión, escribirla y presentarla.

¡Ayúdennos a difundir estas ideas! ¡Movilicémonos todos/as en contra de la instalación de Río Tinto Alcan, comenzando por crear conciencia sobre la gravedad del hecho! ¡No a Río Tinto Alcan!

 Capítulo I

BREVE HISTORIA DE RTA EN EL PARAGUAY

1.1. Antecedentes.

La energía hidroeléctrica paraguaya generada gracias a represas so- bre el río Paraná —sus aguas valen oro, se señaló cuando se firmó el Tra- tado de Itaipú1 —despertó desde muy pronto la codicia de transnaciona- les electrointensivas.

Durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), a fines de la década de 1970 e inicios de la década de 1980, se desató una fuerte polémica de qué hacer con la energía de Itaipú2. Aparecía, por una parte, el Ministro de Industria y Comercio, Delfín Ugarte Centurión, como el abanderado de las transnacionales que pretendían asegurarse una energía barata instalándose en el Paraguay. La primera transnacional que se interesó en producir aluminio fue la empresa norteamericana Reynolds. Dentro del gobierno stronista, el Ing. Enzo Debernardi no se oponía abiertamente, pero exigía que se pague por la energía eléctrica el costo real, aún indefinido en ese momento. De nuestra parte, sentamos postura que no era recomendable subsidiar a una in- dustria electrointensiva, como la Reynolds, bajo ninguna circunstancia3.

Defendimos como un uso mucho más interesante el transporte eléctrico4. Dado que los precios del petróleo comenzaron a deprimirse desde

1982, para luego caer fuertemente desde 1986, el interés de las industrias

electrointensivas (IEI), en los últimos años de la dictadura de Alfredo

Stroessner (1954-1989), decreció.

Durante la transición a la democracia (1989-2008), no se planteó seria- mente la instalación de ninguna IEI. La causa principal fue el hundimien- to de los precios internacionales de la energía —el petróleo y el gas, prin- cipalmente— desde 1986 hasta el 2000. Recién cuando estos precios comen- zaron a incrementarse significativa y sostenidamente, hacia el 2005, renació un cierto interés de IEI en apropiarse de nuestra energía hidroeléctrica a bajo costo, si bien en estos últimos años de la “transición” (hasta el 2008), no existió planteamiento firme alguno.

1. Efraín Enríquez Gamón. Itaipú, aguas que valen oro. Buenos Aires, 1975. El título dado por el citado compilador de todo el debate en relación al Tratado de Itaipú, indudablemente traduce el enorme valor que posee la energía hidroeléctrica paraguaya.

2. Ricardo Canese. Ideas preliminares sobre qué hacer con la energía de Itaipú. Asunción: Editorial El

Gráfico, 1981.

3. Ricardo Canese, Itaipú y la cuestión energética en el Paraguay. Asunción: Biblioteca de Estudios Paraguayos, 1983, donde se exponen ambas posiciones y se calcula por qué es inconveniente instalar una fábrica de aluminio en el Paraguay.

4. Ricardo Canese. Transporte eléctrico en el Paraguay. Su conveniencia. Asunción, Editorial El Gráfico, 1981.

1.2. El intento de Telemenia.

El cada vez mayor precio de la energía en general, y de la energía eléc- trica en particular, motivó el interés de varias iniciativas a fin de apropiarse de tales recursos hidroeléctricos ya en explotación, durante el gobierno de Fernando Lugo (2008- junio de 2012).

Uno de los intentos más significativos, paralelo al de RTA, fue el de Telemenia. Esta empresa, de origen israelí, propuso pagar anticipadamente la deuda de Itaipú Binacional y quedarse a cambio con toda la energía por un período de 15 años, bajo una modalidad de concesión, renovable por igual cantidad de años, en lo que sería un negocio fabuloso para tal empresa y de- sastroso para el país. Así, la energía hidroeléctrica paraguaya se vendería a precio de mercado, los beneficios serían para Telemenia y el mismo Paraguay se vería obligado a pagar tal precio de mercado (hoy se paga el costo). Todo lo que se había avanzado en materia de soberanía hidroeléctrica, en el Acuerdo del 25 de julio de 2009, iba a quedar para exclusivo beneficio de Telemenia y, en mínima parte, para los lobbistas locales que facilitaran la operación5.

Contra todo pronóstico y en contra de la recomendación de técnicos en la materia, el entonces Presidente de la Administración Nacional de Elec- tricidad (ANDE), Ing. Germán Fatecha, firmó un Acta de Intención que autorizó la realización de un estudio vinculante con el fin de analizar la pro- puesta de Telemenia. Algunos diputados acompañaron abiertamente la iniciativa de Telemenia. Conocido el caso y las condiciones que planteaba tal empresa, el Gobierno nacional en poco tiempo del hecho manifestó su rechazo absoluto y el Ing. Fatecha fue removido del cargo6.

El caso de Telemenia muestra cuán atractiva —desde el punto de vista de los precios de mercado— es la energía hidroeléctrica de Itaipú, lo que permite que una empresa prometa el pago total de la deuda a cambio de poder disponer y vender tal energía al precio de mercado. Con la energía hidroeléctrica paraguaya ocurre algo similar a lo que ocurre con el petróleo. Lo que se debe invertir es tan poco —sobre todo en el caso de aprovecha- mientos existentes— que las ganancias son fabulosas.

5. Telemenia. Proyecto Itaipú Paraguay, s/fecha, año 2011. Telemenia propone para el futuro que el Paraguay no tendrá que pagar la deuda de 18.000 millones US$ (Telemenia confunde la deuda de Itaipú Binacional con deuda paraguaya) “ya que Telemenia lo hará por el Paraguay… desde el momento de la concesión… por un período de 15 años, renovable por otros 15 años… para comercializar en exclusiva la energía excedente producida por Itaipú Py (6.000 MW)…”.

6. ANDE. Acta de Intención entre la Administración Nacional de Electricidad y Telemenia LTD, Asunción,

27 de junio de 2011. En la cláusula 2 se establece que “el objeto de la presente Acta de Intención es establecer los términos y condiciones conforme a los que ANDE y Telemenia realizarán estudios sobre la factibilidad de la constitución de una Empresa Conjunta. Este documento tiene carácter vinculante para las Partes”.

 1.3. RTA en el Paraguay y el Acuerdo Paraguay – Brasil.

RTA manifestó por primera vez su interés de venir al Paraguay en el

2009, apenas tres meses después de la firma del histórico Acuerdo del 25 de

julio de 2009, entre los Presidentes de Paraguay y Brasil, Fernando Lugo y

Luis Ignacio Lula Da Silva, con el cual Paraguay avanza en la recuperación

de la soberanía hidroeléctrica.

El Acuerdo Lugo-Lula se basa en los seis puntos exigidos por Paraguay:

1. Libre disponibilidad de la energía (soberanía hidroeléctrica);

2. Precio justo;

3. Eliminación de deuda ilegítima;

4. Cogestión plena;

5. Transparencia y Control; y,

6. Terminación de obras faltantes.

El libro “Recuperación de la Soberanía Hidroeléctrica” fundamenta las reivindicaciones de Paraguay, describe las negociaciones entre ambos países y los avances alcanzados7 .

Estas negociaciones tuvieron repercusión mundial y, en el ámbito ener- gético, Paraguay se posicionó como el mayor exportador de energía eléctrica de la región. Con el Acuerdo, Paraguay logró, entre otros puntos igualmente importantes, triplicar la compensación por cesión de energía, una suerte de beneficio que recibe el país por ceder la energía que no utiliza a Brasil. La compensación era de 2,8 US$/MWh hasta ese momento y pasó a ser de

8,4 US$/MWh (en forma efectiva desde mayo del 2011). Con ello, Paraguay pasó, de recibir un promedio de 120 millones de US$/año, a recibir un pro- medio de 360 millones de US$/año en ese concepto. También le fue reco- nocido al Paraguay el derecho a vender su energía al mercado brasileño y desde el 2023 a terceros países. Más adelante, volveremos a analizar la compensación y el precio de la energía paraguaya para una industria, co- mo la propuesta por RTA.

7. Ricardo Canese. La recuperación de la soberanía hidroeléctrica del Paraguay. En el marco de políticas de Estado de energía. Asunción: Cinergías, Editorial El Ombligo del Mundo, marzo de 2011, 6ta edición.

2009 los medios reproducen la noticia: Francisco Rivas, Ministro de In-

dustria y Comercio, y Sixto Amarilla, Presidente de la ANDE, anuncian el

arribo de Río Tinto Alcan al Paraguay.

En ese momento, el gobierno y la opinión pública en general, tomaron con mucho entusiasmo el ofrecimiento. Era la primera vez en la historia del Paraguay, que una inversión privada proponía invertir en el país de

2.500 a 3.000 millones de US$ —cifra que fue aumentando con el correr del tiempo. Grandes titulares acapararon los medios locales, donde se resaltaban las bondades de la inversión.

1.4. Trato inicial de RTA con ANDE y el VMME.

La ANDE firmó una carta de intención con RTA y —como confirmaría

más tarde su representante, Juan Pazos-Romero, Director Gerente en Para-

guay de RTA en el Debate realizado por la Universidad Nacional del Este

(UNE) en setiembre de 2012— en función a tal Carta de Intención “RTA

estuvo estudiando con la ANDE durante 8 meses el precio de la energía”. El

contenido de esta Carta de Intención no se hizo público.

De la misma forma que RTA se acercó en ese tiempo al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y a la ANDE, también se acercó a muchos otros estamentos gubernamentales, como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Viceministerio de Minas y Energía (VMME), autoridad de aplicación en materia energética. El VMME recibió a la empresa, la cual entregó presentaciones sobre la inversión pero no realizaron ningún estudio conjunto, como el que afirmó haber hecho con la ANDE.

El dato más relevante a nivel energético era que la planta de aluminio propuesta requería 800 MW de potencia en forma continua —hoy RTA ha- bla de 1.100 MW, para una producción mayor— que sería adquirida de Itai- pú, por lo que también entraron en contacto con los directivos paraguayos del ente binacional. La energía hidroeléctrica era el único insumo nacional.

Todas las materias primas serían importadas. La propuesta era traer la bauxita transformada en alúmina de Brasil, Guyana, Canadá o Australia. Los demás materiales o insumos (coque, brea, combustibles y fluoruro de sodio- aluminio) también serían importados, pues no se producen en Paraguay.

Al consultarles, en ese momento inicial, sobre la generación de empleo hablaron de que la fábrica emplearía en forma permanente y directa a 850 trabajadores —hoy esta cifra subió a 1.250 empleos fijos y directos, según RTA— y que el empleo indirecto llegaría a aproximadamente 4.500 trabajadores.

 1.5. La contratación de Diego Zavala y la conformación del ETI.

Con el objeto de ordenar la relación entre el Gobierno y RTA, a fines del 2010 se conforma un grupo de trabajo que luego se llamaría Equipo Técnico Interinstitucional (ETI), bajo el liderazgo del Ministerio de In- dustria y Comercio (MIC), y se contratan los servicios del abogado Diego Zavala como encargado del ETI.

¿Quién es Diego Zavala? El abogado Diego Zavala fue responsable de la negociación del rescate de su hermano Fidel Zavala, secuestrado por el denominado Ejército Popular del Pueblo (EPP), de octubre del 2009 a enero del 2010. Este secuestro, que parecía una bomba de tiempo para el gobierno, termina con la liberación de Fidel Zavala, lo que eleva la popularidad del entonces Ministro de Interior, Rafael Filizzola, y del Gobierno de Lugo. Es- tos hechos estrecharon las relaciones entre los Zavala y el Gobierno, espe- cialmente con Rafael Filizzola y sectores del PLRA.

La contratación de Diego Zavala como asesor en el tema RTA generó mucha confusión —reproducida por los medios de entonces— pues la for- ma de expresarse de Diego Zavala era interpretada como si fuera un repre- sentante de RTA y no un asesor del gobierno8.

Luego del golpe parlamentario del 22 de junio del 2012, Diego Zavala fue ascendido y nombrado Viceministro de Comercio, dependiente del MIC.

La familia Zavala pertenece a la oligarquía ganadera. Posee una estancia de 5.000 hectáreas en la zona de Hugua Ñandú en donde fue secuestrado Fidel Zavala, quien en marzo del 2011 quiso candidatarse a la presidencia de la República por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), aunque poco después declinó y apoyó la candidatura de Rafael Filizzola. A inicios de 2012, Fidel Zavala se candidató a Presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), y luego integró una lista como candidato a vicepresidente de la misma y resultó electo.

8. Puede leerse en PARAGUAY.com: «Inversión de Río Tinto estimula al gobierno de Lugo» de fecha 26 de octubre de

2010 lo siguiente: «Por su parte, el representante de la empresa en Asunción, Diego Zavala, dijo a periodistas que la

fundición de aluminio empleará en forma directa a mil trabajadores y en forma indirecta a unos 9.000.» (http://www. paraguay.com/nacionales/inversion-de-rio-tinto-en-paraguay-estimula-al-gobierno-lugo-52674).

Ultima Hora reproduce: “Diego Zavala, en su carácter de representante de la firma canadiense en Paraguay, visitaron en la mañana de este martes al presidente de la República, Fernando Lugo” (http://www.ultimahora.com/notas/371748- Firma-canadiense-pretende-invertir-US$-2.500-millones-e).

 1.6. La cena.

A fines del 2010 se realizó una cena en un exclusivo restaurant de Villa Morra, donde debía ir el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Efraín Alegre. No pudo asistir, pero sí envió en su representación a la Vice- ministra de Minas y Energía, Mercedes Canese. En esa cena estuvieron Francisco Rivas (MIC), Dionisio Borda (Ministro de Hacienda) y otros vi- ceministros. Por la sociedad civil, Eduardo Felippo (Unión Industrial Pa- raguaya, UIP). Por RTA, además de Juan Pazos-Romero, Director Gerente de la firma en Paraguay, estaban varios extranjeros. Entre ellos, Patrick To- bin, miembro del staff de RTA en Paraguay. Además, como parte del equipo paraguayo de RTA estuvo presente Pascual Rubianni de MAS Publicidad

—actual asesor de imagen de Federico Franco10. Más adelante también integraría el equipo de asesores de RTA Roberto Codas, hermano de Gustavo Codas (entonces Director General Paraguayo de Itaipú Binacional)11.

En esa recepción, luego de que la Viceministra insista en el tema de la ge- neración de empleo y cómo se calcula el empleo indirecto, los representantes de RTA reconocieron que no podían dar explicaciones, “por no ser su área”, y derivaron las preguntas a una consultora que iba a hacer un relevamiento sobre la capacidad laboral en Paraguay y las necesidades de personal de RTA.

Poco tiempo después, en un medio de prensa muy leído salía en primera plana que RTA generaría 15 mil puestos de trabajo.

La consultora encargada fue al VMME, donde empezó a explicar que el empleo indirecto se generaría en tareas como las de limpieza, alimentación, provisión de insumos de oficina, contabilidad y transporte. En total, el empleo en cada una de estas tareas —excepto transporte— no sumaba más de 40 puestos de trabajo fijo indirecto. En cuanto a transporte, la cifra era algo superior, aproximadamente 200 puestos fijos indirectos. Finalmente, terminó

9. Fuente: http://www.paraguay.com/nacionales/arp-insta-a-franco-a-invertir-en-la-compra-de-armamentos-86320

10. “Viva Paraguay” es el nuevo eslogan del Gobierno, Titula el diario digital de Itaipú a la noticia, donde se puede leer: “El trabajo fue encargado al publicista Pascual Rubianni, de Mass Publicidad.” (http://www.itaipubinacional.gov. py/node/2593).

11. En ABC Color: “Piden hoy energía para una futura planta de aluminio” y en el contenido: “En representación de la firma canadiense estarán Juan Pazos, Pascual Rubiani, Roberto Codas y Patrick Tobin” (http://www.abc.com.py/edicion- impresa/politica/piden-hoy-energia-para-una-futura-planta-de-aluminio-190799.html)

 reconociendo que seguramente se estaban sumando los empleos durante la construcción para alcanzar las cifras tan promocionadas (de 15.000 puestos de trabajo). Más adelante se analiza este tema con mayor profundidad.

1.7. Lobby de varias embajadas involucradas.

Poco tiempo después del arribo de RTA, varios representantes de la Emba- jada de Canadá en Buenos Aires, concurrente en Paraguay, iniciaron sus tareas de lobby: recepciones, desayunos de trabajo y visitas a las oficinas públicas.

El lobby de la embajada de Canadá es muy simple de explicar. RTA es una poderosa empresa en su país, gran parte del capital de RTA es canadiense y las remesas de beneficios que recibirá Canadá, en caso de instalarse RTA en Paraguay, serán superiores a los muy reducidos impuestos que nosotros es- taremos recibiendo. Tales remesas serán obtenidas por RTA sin producir contaminación en Canadá, sin consumir energía de Canadá y sin riesgos para Canadá. Actualmente el gobierno de Canadá recibe de RTA, sólo en concepto de impuestos más de 800 millones de US$12 por año.

No fue de extrañar, por ello, que apenas producido el Golpe de Estado que derribó al gobierno constitucional de Fernando Lugo (22 de junio de

2012), haya sido Canadá el país que se apresuró a reconocer al golpista de Federico Franco en los primeros días13, si bien luego se desdijo (ante la repulsa generalizada). Canadá también fue uno de los integrantes de la pri- mera misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), muy com- placiente con el golpista Federico Franco, que arribó en las primeras semanas después del Golpe de Estado.

A inicios de 2012, la Viceministra de Minas y Energía, Mercedes Canese, recibió en el despacho del MOPC, a la Embajadora de Australia en Buenos Aires, concurrente en Paraguay. Ésta inició la reunión hablando del interés de Australia en colaborar con Paraguay en temas de minería, considerando las experiencias de su país. Incluso, informó que se encontraban dos becas com- pletas a disposición de Paraguay, y que era una oportunidad para capacitar funcionarios o futuros funcionarios del gobierno en temas de minería.

Explicó que las buenas prácticas son muy importantes, comentando que antes de Buenos Aires, estuvo en la Embajada de Australia en Papúa Nueva Guinea y que lamentaba mucho la forma en que se desarrolló la minería ahí, con una afectación social y ambiental muy importante, incluso con un con- flicto armado. Que el Paraguay, donde la cuestión minera es incipiente, podría tomar estas experiencias para ordenar el proceso desde el comienzo.

12. Fuente: http://www.riotinto.com/documents/RioTinto_taxespaidin2011.PDF .

13. Fuente: http://www.ultimahora.com/notas/539631-Canada-aprueba-destitucion-de-Lugo-al-senalar-que-este-acep-

todecision-Senado

A continuación, consultó sobre la presencia de RTA en Paraguay, afirmando que ellos estaban muy atentos a lo que pueda suceder, y que consideraban a RTA una empresa muy importante, que además tiene capitales australianos.

Entonces, la Viceministra le consultó cuál fue la experiencia de la Em- bajadora en Papúa Nueva Guinea con respecto a RTA.

El bochorno fue evidente. Ella expresó que cuando habló de la mala ex- periencia con la minería en Papúa Nueva Guinea no se refería a RTA.

Hay que acotar que RTA está acusada de haber provocado un golpe de Es- tado, guerra civil y genocidio en la Isla de Bougainville, en Papúa Nueva Gui- nea. Se le acusa además de haber contribuido con armas y equipamientos, pro- vocando la muerte de más de 10 mil civiles. El caso es “Sarei v. Rio Tinto, 02-

56256” y se encuentra en la 9a Corte de Apelaciones de EE.UU. de América14.

1.8. El entusiasmo de muchos altos funcionarios del Gobierno de Fernando Lugo.

A RTA, desde que comenzó a ser su tarea de lobby en octubre del 2009, le recibieron muy bien muchos funcionarios del Gobierno de Lugo, con poco o ningún conocimiento en la materia y/o con mucha codicia.

Desde un primer momento, se entusiasmó el Ministro de Industria y Comercio (MIC), Francisco Rivas (del PLRA, sector de Efraín Alegre), quien no dudó en calificar —eufórico— que sería la mayor inversión en la historia del Paraguay y que sería, supuestamente, el mayor logro del Gobierno de Lugo. Pese a las evidencias en contrario que se fueron conociendo con el transcurso del tiempo, este ministro, que continúa en el cargo bajo el gobierno golpista de Federico Franco, mantiene su euforia inicial a favor de RTA.

También apoyaron desde un inicio la inversión de RTA el entonces Mi- nistro de Obras Públicas y Comunicaciones, Efraín Alegre (PLRA) y el enton- ces Ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Lacognata (P-MÁS). También apoyaron abiertamente a RTA los presidentes de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Ing. Sixto Amarilla (ANR) e Ing. Germán Fatecha (PLRA, sector Efraín Alegre). Se organizan, así, costosísimos —y absurdos— viajes a Canadá, Omán y Bahrein, a fin de ver plantas de aluminio en operación.

¿Quién pagó tales viajes? Según la nota de invitación de RTA que llegó al Viceministerio de Minas y Energía —cuyos funcionarios no participaron de dichos viajes— RTA se encargaba de los gastos de estadía, mientras los pasajes corrían por cuenta del Estado paraguayo. Se trata de un gasto superfluo  de parte del Estado —pues bien se sabe cómo funciona una planta de aluminio y hay muchas en los países vecinos— y hasta ilegal, en lo que respecta al pago de estadía por parte de RTA, pues estas estadías en hoteles de lujo son un “regalo”, a funcionarios que deben luego decidir en la materia. Los regalos están prohibidos en la función pública15. Los afectados deberían aclarar quién pagó estos innecesarios y comprometedores viajes, que por la información disponible lo hizo RTA.

Del viaje a Canadá participaron: Francisco Rivas (MIC), Oscar Rivas (SEAM), Federico Franco (entonces Vicepresidente), así como varios parla- mentarios.

En aquel momento inicial, pocos —muy pocos— éramos los que está- bamos en contra de la instalación de RTA y, al contrario, el mismo Gobier- no de Fernando Lugo, a través de los ministros del ramo citados, estaba directamente a favor de tal inversión. “No se metan en el tema de RTA, pues es muy delicado”, aconsejaba un amigo que coincidía con nuestras críticas a la inversión de RTA. “¡Cómo que no nos vamos a meter!”, fue nuestra res- puesta instantánea. Desde ese momento, casi solos, comenzamos a oponer- nos a lo que será —si no logramos evitarlo— el peor negociado en contra de los intereses del Paraguay desde el fin de la Guerra de la Triple Alianza (1864 — 1870), ya que como resultado de la misma, se entregaron a precio vil las tierras públicas a transnacionales y latifundistas.

Por nuestros conocimientos, sabíamos que una industria que no tiene materias primas, insumos, mercado ni tecnología, y que además se instalará en un país mediterráneo, es un verdadero absurdo, que sólo se orienta a ex- traer energía hidroeléctrica a bajísimo costo, pues como toda IEI, es la única forma —mediante monumentales subsidios a través de la energía eléctrica— que podrá equilibrar sus costos y competir en el mercado internacional. “Es tan absurdo como instalar un ingenio azucarero en el Norte-Oeste de Chaco”, donde no hay caña de azúcar (y difícilmente pueda haber, por el déficit hídrico) ni mercado para el azúcar, escribimos posteriormente.

Pero, en ese momento, la lucha era desigual, pues muchos eran los que estaban a favor de la inversión de RTA y los que estábamos en contra éramos muy pocos. En poco tiempo, con un trabajo paciente de concienciación, íbamos a cambiar esa ecuación.

15. Ley 1626/2000 de la Función Pública: “Artículo 60°- Queda prohibido al funcionario, sin perjuicio de lo que se establezca en los reglamentos respectivos:…f) recibir obsequios, propinas, comisiones o aprovechar ventajas en razón del cargo para ejecutar, abstenerse de ejecutar, ejecutar con mayor esmero o con retardo cualquier acto inherente a sus funciones;..” fuente: http://www.sfp.gov.py/sfp/?node=page,1499

En enero del 2010, en medio de una aguda crisis eléctrica, el Presidente

Fernando Lugo resuelve realizar una serie de cambios en su gabinete.

En el área energética, nombra a Gustavo Codas (cercano al P-MÁS) en reemplazo de Carlos Mateo Balmelli del PLRA (ex precandidato a vicepre- sidente en el 2008 y derrotado por Federico Franco), como Director General Paraguayo de Itaipú Binacional. A Germán Fatecha (que entonces era Vice- ministro de Minas y Energía, PLRA, del sector de Efraín Alegre), en reem- plazo de Sixto Amarilla (colorado) y a Mercedes Canese (Tekojoja, entonces Directora de Energía), quien es nombrada Viceministra de Minas y Energía.

Pocos días después, se convoca la primera reunión de la Mesa Ener- gética. A la misma asisten también los ministros Francisco Rivas, de In- dustria y Comercio, Dionisio Borda, de Hacienda, Héctor Lacognata, de Relaciones Exteriores, y Efraín Alegre, de Obras Públicas y Comuni- caciones; así como el Presidente de Petróleos del Paraguay (PETROPAR), Juan Alberto González Meyer y Elba Recalde, la Directora de la Entidad Binacional Yacyretá. Posteriormente se incorporarían el asesor de rela- ciones internacionales de la Presidencia de la República, Hugo Ruiz Díaz, y Ricardo Canese, coordinador de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos (CEBH), dependiente del MRE.

El mismo Presidente explica el motivo de la Mesa Energética: coordinar el sector energético. Desde ese momento, todo debía coordinarse a través de la Mesa Energética. Así mismo, define que la coordinadora técnica será la Viceministra de Minas y Energía, Mercedes Canese, quien será la encarga- da de tomar nota de las reuniones y proponer los temas a tratar. Como con- secuencia, asumiría también el rol de vocera de la Mesa Energética.

1.10. La contratación de la CRU Strategies.

A fines del 2010, en reunión coordinada por el MIC, se preparaban los términos de referencia para contratar consultorías o consultores para ana- lizar la inversión de RTA. Defendimos en ese momento que los técnicos paraguayos teníamos todas las condiciones para realizar ese estudio, sin costo adicional alguno para el Estado Paraguayo.

Pero ante la insistencia de los representantes del MIC, en tener un estudio supuestamente independiente, sugerimos que los consultores contratados no sean de una empresa privada —que con seguridad estaría vinculada con RTA— sino de prestigiosos académicos de la región. Nuestra región cuenta con varias industrias de aluminio y profesores e investigadores de universidades públi- cas muy reconocidas, que perfectamente podían realizar el estudio.

Así mismo sugerimos a profesores de la Universidad de Buenos Aires (UBA), de la Universidad de la República del Uruguay (URU), de la Univer- sidad Nacional de Chile y de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), todos ellos expertos que ya colaboraron con Paraguay en estudios de alta complejidad energética. Pero no, el MIC no pensaba en contratar a técnicos verdaderamente independientes del mayor prestigio regional o nacional.

Debido a tal negativa, sugerimos también que los estudios lo podrían hacer técnicos locales que participaron exitosamente de la compleja negociación con Brasil. Tampoco fue tenida en cuenta nuestra sugerencia.

A inicios de 2010, los ministros F. Rivas (MIC) y Lacognata (MRE), así como el Presidente de ANDE, Fatecha, le pidieron a Itaipú Binacional, lado paraguayo, que financie un estudio respecto a la conveniencia, o no, de la inversión de RTA. Esta petición la realizaron los citados funcionarios sin poner el tema a consideración de la Mesa Energética, la que así fue desco- nocida en sus atribuciones. Tampoco informaron al VMME, la autoridad energética.

El entonces Director General Paraguayo de Itaipú, Gustavo Codas, accedió al pedido de los ministros citados (Rivas y Lacognata) y presidente de ANDE, y así contrató por 478.000 US$ a la CRU Strategies, consultora que presentó la oferta más cara (existió otra oferta más baja, de la Wood Mackenzi)16. Los miembros del Consejo de Administración de Itaipú Bi- nacional, lado paraguayo, no objetaron la decisión del Director General

En aquel entonces, aún no había asumido Domingo Laíno como con- sejero de Itaipú Binacional. Al asumir, el consejero Laíno comienza a cri- ticar, con claros fundamentos, la incorrecta decisión de Itaipú Binacional de contratar a la CRU Strategies.

La contratación de la CRU Strategies para hacer este estudio es critica- ble desde todo punto de vista. Para analizar la conveniencia de una elevada

16. http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/dudoso-contrato-de-una-consultora-243208.html

Itaipú Binacional, lado paraguayo, en lugar de contratar a una univer- sidad o centro de investigación neutro o, mejor aún, favorable a un modelo de desarrollo sustentable, contrató a la CRU Strategies, consultora entera- mente favorable al modelo de grandes transnacionales como RTA, de las cuales depende económicamente, y era de esperar que defendiera sus nego- cios, por encima de los intereses del país, como efectivamente lo hizo.

Así se fue tejiendo un escenario favorable a RTA, con complicidades de parte de altos funcionarios del Gobierno de Fernando Lugo, ya citados.

La absurda contratación de la CRU Strategies, para que hable a favor de RTA, como lo hizo, se puede equiparar a la contratación de un experto que nos hable, por ejemplo, de las violaciones de los derechos humanos realizadas por el Jefe de Investigaciones del dictador Alfredo Stroessner, Pastor Coro- nel, condenado por delitos de lesa humanidad.

En este caso también podríamos pensar en contratar al abogado defen-sor de Pastor Coronel, a una universidad relativamente neutral o a una orga-nización de defensa de los derechos humanos. Si estamos comprometidos con los derechos humanos, optaríamos por la última opción, o en última instancia nos inclinaríamos por una entidad neutral. Nadie podría defender que, para tener una visión objetiva sobre el respeto que les dio a los derechos humanos de Pastor Coronel, la decisión más adecuada pueda ser contratar al abogado de Pastor Coronel, contumaz violador de derechos humanos y condenado por delitos de lesa humanidad. Si el abogado de Pastor Coronel dice que su defendido es un santo, la culpa no es de tal abogado —que simplemente cumple con su función de defender a su cliente— sino de quien lo contrató.

1.11. La venta de energía de Acaray a Argentina

A mediados de 2011, el gerente técnico de ANDE, Ing. Héctor Maluf, consultó al VMME y a la CEBH/MRE sobre la venta de energía de la represa hidroeléctrica Acaray, represa perteneciente en un 100% al Paraguay y ad- ministrada por la ANDE. La energía de Acaray es la que se había intentado vender a Chile y Uruguay, pero no se lograba concretar. En su momento, la construcción de dicha represa se pudo financiar, gracias a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante la firma de contratos de venta de energía a Brasil y Argentina, en la década de 1960. En los ‘90, Brasil había dejado de adquirir la energía por problemas técnicos (obso- lescencia de la conversora de frecuencia) pero Argentina lo seguía haciendo.

Los precios eran irrisorios y las modalidades, desfasadas. Basta decir que el precio más alto era de 38 US$/MWh, cuando sabíamos que el precio de mercado en la Argentina (sin subsidios) no era menor a 150 US$/MWh.

El tema fue tratado en la mesa energética y aprobado. Tal es así, que en agosto se dio el primer aumento, y se fue incrementando los precios cada trimestre hasta llegar a los valores de 150 US$/MWh fuera de punta de carga y 180 US$/MWh en punta de carga del sistema, vigentes actualmente.

Estos aumentos se dieron no sin resistencia interna, de parte de fun- cionarios y técnicos que tenían miedo de la reacción de Argentina. También, maniobraron en contra de estos aumentos funcionarios favorables a RTA. Era un muy mal ejemplo y precedente que Paraguay pudiera vender su energía a precios de mercado y que se evidenciara que su valor era muy superior a los míseros 38 US$/MWh sugeridos por la CRU.

Sin embargo, prevaleció nuestra posición, apoyada por técnicos com- prometidos como el Ing. Héctor Maluf, el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones Don Cecilio Pérez Bordón, el Ministro Asesor de Relaciones Internacionales de la Presidencia Dr. Hugo Ruiz Díaz más técnicos y asesores del VMME y la CEBH; y hoy la ANDE se beneficia con utilidades

—considerando a 60 US$/MWh el costo de oportunidad, como se verá más adelante— del orden de (165 — 60 =) 105 US$/MWh. Para una exportación de apenas 140 GWh/año (0,14 millón de MWh/año), las utilidades alcanzan la nada despreciable suma de (105 US$/MWh x 140.000 MWh/año =) 14,7 millones de US$/año.

Si el Paraguay consiguiera exportar a precios similares su excedente hidro- eléctrico, del orden de 45 millones de MWh/año, las utilidades para el país al- canzarían a (105 US$/MWh x 45 millones de MWh/año =) 4.725 millones de US$/año, lo que demuestra cuán valiosa es nuestra energía hidroeléctrica. Hay que acotar que, desde el año 2023, el Brasil ha reconocido que el Paraguay pue- de exportar su energía hidroeléctrica de Itaipú a terceros países (acuerdo del 25 de julio del 2009), hecho que minimiza la CRU Strategies.

1.12. Exclusión del Equipo Técnico Interinstitucional (ETI).

En las primeras reuniones sobre RTA realizadas en el MIC en forma interinstitucional, a fines del 2010, la Viceministra participaba. También participábamos en carácter de Comisión de Entes Binacionales Hidroeléc- tricos (CEBH), dependiente del MRE. Incluso, realizamos una presentación conjunta VMME-CEBH, comparando a RTA con la industria nacional y explicando lo tremendamente costoso que iba a ser para todo el Paraguay el subsidio de la energía.

Cuando en enero del 2011 sale el Decreto N° 5938 que conforma el ETI, Efraín Alegre, Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, nombra como representantes del MOPC (y del VMME) en el ETI directamente a Emilio Boungermini, Director de Hidrocarburos dependiente del VMME (aunque sin experiencia en el campo eléctrico y carente de autoridad en la materia), y a Rubén  Ocampos, asesor jurídico del Ministro. La Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos (CEBH), órgano técnico asesor de la Cancillería Nacional en materia energética, fue excluida del ETI/MIC desde su inicio hasta el fin.

No por eso dejamos de emitir opiniones al respecto. En la Mesa Ener- gética, seguíamos incluyendo RTA como un tema de agenda e incluso seguimos realizando declaraciones públicas al respecto.

Seguramente por estas declaraciones, poco antes de su destitución, el Ministro Efraín Alegre convoca a la Viceministra de Minas y Energía, Mer- cedes Canese, a una reunión con RTA. En dicha reunión, el Sr. Juan Pazos- Romero, representante de RTA, explica que RTA generará mucho empleo, que ellos han calculado que, entre empleo indirecto e inducido serán más de 4.000 empleos permanentes y que para el cálculo utilizaron índices del Banco Central del Paraguay (BCP). En función a ello, la Viceministra con- sultó con los técnicos del BCP sobre dichos índices y cómo habían llegado a ellos. Nunca hubo una respuesta.

Poco después, fue nombrado Cecilio Pérez Bordón, en sustitución de

Efraín Alegre, como Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones.

El nuevo ministro asume una postura de defensa de los intereses na- cionales y en contra del despojo que pretende hacer RTA. Recién ahí los representantes del MOPC ante el ETI son designados a propuesta del VMME. Fueron nombrados los ingenieros Francisco Scorza y Samuel Gon- zález Segnana. Con esta directa participación, en los últimos meses de fun- cionamiento del ETI/MIC durante el Gobierno de Fernando Lugo, el VMME remite varios dictámenes, a través del MOPC al MIC, donde se define las condiciones y precio mínimo que debe ser abonado por RTA, si desea instalarse en Paraguay —condenando claramente todo subsidio, abierto o encubierto—y que en ningún caso podría ser inferior a 59,7 US$/MWh.

A pesar de las fundadas recomendaciones en el área energética, el MIC continúa con su propuesta de avalar la instalación de RTA, desoyendo las recomendaciones del VMME/MOPC, basadas también en dictámenes de la CEBH/MRE, que desaconsejaban todo tipo de subsidio. En los últimos me- ses del gobierno de Lugo, la ANDE —luego de la sustitución del Ing. Germán Fatecha— adopta también una postura más crítica en relación a la entrega de energía subsidiada a favor de RTA, sumándose a la postura del VMME/ MOPC y de la CEBH/MRE.

1.13. La convocatoria del Vicepresidente Franco.

Durante la realización del II Taller de Políticas de Estado en energía, en abril del 2011, la Viceministra Mercedes Canese fue convocada por el Vice- presidente Federico Franco, quien en ese momento ejercía la Presidencia, pues el Presidente Fernando Lugo se encontraba en el exterior.

Pocos días antes, la Viceministra de Minas y Energía había estado con el Ing. Hugo Cacace (entonces ex Director de Energía del VMME, actual- mente Viceministro de Minas y Energía) en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA), invitados por los estudian-tes para dar una charla sobre Río Tinto Alcan. La charla la dio el Ing. Cacace y la Viceministra respondió preguntas e hizo comentarios.

La Viceministra le explicó que el VMME había realizado estudios y había emitido un dictamen respecto a la tarifa, que no había sido tenido en cuenta por el MIC a pesar de que el VMME es la autoridad energética según la Ley 167/93 y que había sido excluida del equipo técnico (ETI) desde enero por decisión del Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, en aquel entonces Efraín Alegre.

Entonces el Vicepresidente reaccionó diciendo que él también era un excluido y un perseguido por este gobierno (de Lugo), y que nunca iba a estar de acuerdo con que se la censure. Que él personalmente iba a pedir al Presidente que ella presente en Consejo de Ministros la postura del VMME. Esta promesa jamás se cumplió.

1.14. Primera Audiencia Pública y cambio de posiciones en la Mesa Energética.

A partir del 2011, en innumerables reuniones de la Mesa Energética se debatió el tema de Río Tinto Alcan, en la misma medida en que avan- zaba el estudio de la CRU Strategies y que comenzó a funcionar el Equipo Técnico Interinstitucional (ETI), coordinado por Diego Zavala y bajo la conducción del MIC.

Fue así que se tomaron decisiones que poco a poco fueron instalando la realidad —del enorme subsidio que pretendía RTA— de una inversión, en una planta de aluminio, que al comienzo algunos veían como una gran ilusión de desarrollo y empleo.

La Mesa Energética decidió que en ningún caso debía subsidiarse el precio de la energía, por unanimidad de sus miembros. Ya después se sabría que, para varios de los integrantes de la Mesa Energética, el no subsidio era solamente un decir, incoherente con las propuestas tarifarias impulsadas.

Finalmente el Presidente de la República abrió la jugada. La oportu- nidad se presentó luego que la CRU terminó su estudio (octubre 2011), ante un pedido del entonces consejero paraguayo de Itaipú Binacional, Dr. Domingo Laíno —PLRA, sector antigolpista— quién solicitó una audiencia pública al Viceministerio de Minas y Energía y a la Asesoría de Participación Prota-gónica de la Presidencia de la República sobre la inversión de RTA. Este pedido venía a raíz del financiamiento (donación) que Itaipú, lado para- guayo, había otorgado para la contratación de CRU Strategies —478 mil US$— así como para la contratación de Diego Zavala —también pagado por Itaipú Binacional— como asesor del gobierno (ETI/MIC) en este tema.

La convocatoria a la audiencia pública fue abordada en la Mesa Energética y fue aprobada. Un gobierno democrático no podía repetir otra entrega, como la perpetrada con la firma del Tratado de Itaipú, el que fue negociado a espaldas del pueblo, en secreto, en dictadura mili- tar y sin poner a consideración del pueblo sus cláusulas principales. Era fundamental consultar con la ciudadanía.

Francisco Rivas, Ministro de Industria y Comercio, trató de evitar la realización de la audiencia pública. Su último intento fue en la Mesa Ener- gética realizada una semana antes del evento (12 de diciembre de 2011). Pero no. La audiencia se hizo, y en declaraciones informales —pero ofi- ciales, como es toda declaración de prensa de un Jefe de Estado— dos días antes de la audiencia pública, el Presidente de la República, Fernando Lugo, ratificó que no era posible que el Estado subsidie a RTA y que ésta debía pagar como mínimo el costo de 60 US$/MWh por la energía17, el precio establecido por el Viceministerio de Minas y Energía, en tanto que la CRU sugería que el Paraguay le entregue electricidad a RTA a una tarifa de apenas 38 US$/MWh.

Eso fue un viernes y fue noticia en varios medios escritos el sábado (16 y 17 de diciembre de 2011).

Con ese ánimo, la audiencia pública se realizó el lunes 19 de diciembre. Río Tinto Alcan remitió una nota excusándose de participar. Estuvieron,

17. En la nota a Lugo: “Rio Tinto es buena carnada” del diario La Nación se puede leer: “Presidente Fernando Lugo afirma que la demanda de un subsidio a través de una reducción del costo de la energía eléctrica para la industria proyectada por la corporación con base en Canadá es demasiado alta. Explicó que, en cinco años, el Estado estaría perdonando mil millones de dólares, si acepta bajar el precio como es planteado por los inversionistas. ‘No estamos para regalar tanta plata’” (http://www.lanacion.com.py/articulo/51622-lugo-rio-tinto-es-buenacarnada.html) en cambio, varios representantes del gobierno totalmente afines a la inver- sión: Diego Zavala, Bernardo Navarro —del Ministerio de Hacienda y miem-bro del ETI/MIC— y extraoficialmente estuvo presente Roberto Codas, asesor de RTA.

También estuvieron los representantes del gobierno críticos a la propuesta de RTA, como ser miembros del VMME/MOPC, la CEBH/MRE y la ANDE.

Los principales temas tratados y las conclusiones de la audiencia pública se encuentran en el Anexo 2, pero resaltamos la siguiente: “No aprobar ningún tipo de subsidio a la inversión de RTA. La Soberanía es innegociable.”

Participaron más de doscientos ciudadanos, muchos de ellos represen- tantes de organizaciones sociales, gremiales, gremios empresariales y pro- fesionales, así como líderes de partidos políticos y de organizaciones campesinas. El mensaje fue claro: la ciudadanía rechazaba el subsidio a la energía, y expresaba su profunda preocupación sobre los posibles impactos ambientales y la debilidad institucional del Estado Paraguayo ante la magnitud del enclave que pretende instalar la empresa transnacional.

1.15. La presión para ir a Bahrein y Oman.

En los primeros días del 2012 altos funcionarios del gobierno recibieron la invitación para ir al Sultanato de Oman y al Reino de Bahrein, por parte de Río Tinto Alcan. Entre ellos, Francisco Rivas (MIC), Cecilio Pérez Bordón (MOPC) y Oscar Rivas (SEAM). Pérez Bordón consultó con el Presidente y éste designó a la Viceministra de Minas y Energía para ir en su representación. Según le transmitió a la Viceministra el propio ministro Francisco Rivas, el MIC pagaría los pasajes, que alcanzarían aproximadamente 30 millones de Gs para cada pasajero y RTA se encargaría de la estadía en hoteles de lujo.

La Viceministra de Minas y Energía transmitió al Ministro Pérez su objeción a ir, conociendo también la posición crítica que éste tenía respecto a la inversión. Le explicó los motivos, le solicitó que la dispense del com- promiso y que la autorice a comunicarse directamente con el Presidente de la República para explicarle por qué no debería ir ningún funcionario a los mencionados países a invitación de RTA.

Esa comunicación fue posible y se le explicaron las objeciones. Éticas, pues no consideraba prudente que una empresa que desea un contrato que involucra al precio de la energía, sobre lo cual el gobierno debe dictaminar objetivamente, pague su estadía y menos en hoteles de lujo. Políticas, porque en Barhein hay una dictadura monárquica que tiene 228 años en el poder, que ha asesinado a más de 50 civiles durante la última primavera árabe y…